Se sabe gracias a innumerables estudios científicos que el tabaco mata; pero que no solo causa una alta mortalidad cada año, sino que ocasiona una serie de efectos realmente negativos en la salud no solo de la persona que fuma, sino también en aquellos que la rodean (los denominados como fumadores pasivos).
Y es que mientras que cada año fallecen más de 53.000 fumadores en España, se estima que cada 10 minutos fallece en nuestro país una persona como consecuencia del consumo de tabaco.
Las consecuencias del tabaco en las personas fumadoras son más que evidentes: afecta gravemente a la práctica totalidad del organismo, desde el aparato respiratorio hasta el aparato digestivo, pasando por el aparato circulatorio y el propio aparato genital (al afectar a la fertilidad tanto del hombre como de la mujer).
Pero en el caso de los fumadores pasivos, las consecuencias pueden ser incluso peores, dado que el humo inhalado por la persona que no fuma contiene más toxinas y sustancias cancerígenas que el propio humo que inhala la persona fumadora. De hecho, el 15% del humo que desprende el cigarrillo es inhalado por la persona que fuma, mientras que el 85% queda disperso en el aire.
La pregunta es más que evidente: ¿por qué, entonces, no se prohíbe en nuestro país tanto la venta como el consumo de tabaco? La respuesta parece ser aún más clara, aunque preferimos dejarla para luego.
Presentan la primera demanda contra el estado español por “pasividad y neglicencia”
En el día de hoy hemos sabido que un abogado sevillano presentará una denuncia contra las autoridades sanitarias españolas, por su “negligencia” y “pasividad” en el control del tabaco, precisamente por consentir tanto la presencia como la comercialización de productos altamente tóxicos en los cigarrillos.
Todo ello en nombre de un hombre de 55 años, residente en Palma de Mallorca y enfermo de cáncer, que ha perdido el habla por una enfermedad que los médicos acreditan que guarda relación directa con el tabaco.
En su denuncia, el abogado Fernando Osuna hace constar que las autoridades sanitarias españolas son las responsables en el control del tabaco, ya que por su pasividad y negligencia no han impedido la introducción de sustancias adictivas y nocivas en los cigarrillos.
O, dicho de otra manera: a las autoridades sanitarias españolas en realidad le preocupan poco la salud de sus ciudadanos.
¿Por qué no se prohíbe el tabaco en España?
Antes de responder a esta pregunta, debemos volver a repetir algunas cuestiones básicas que, aunque alarmantes, no vendrían sino a cuestionarnos aún más por qué el Estado español no prohíbe la venta y consumo de tabaco:
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En España, cada año fallecen más de 53.000 fumadores.
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En Europa, el tabaquismo provoca 1,2 millones de muertes cada año.
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Está directamente relacionado con la aparición de 29 enfermedades: 10 tipos de cáncer y más del 50% de las enfermedades cardiovasculares.
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El humo que emite un cigarrillo encendido contiene más de 4.000 sustancias diferentes. De ellas, más de 300 son cancerígenas.
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Nuestro organismo tarda 70 años en eliminar el cadmio, un metal pesado presente en el cigarrillo.
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El humo del cigarro que el fumador no inhala contiene sustancias cancerígenas 100 veces más elevadas que el que inhala.
Llegados a este punto, y conociendo algunos elementos y estadísticas cuanto menos alarmantes, se nos hace difícil pensar cómo las autoridades sanitarias españolas no luchan porque se prohíba el consumo de tabaco (al igual que sí ocurre con otras drogas ilegales).
La pregunta es clara: ¿por qué no? La respuesta la debemos encontrar en los ingresos que el Estado español obtiene a partir de la comercialización del tabaco. De hecho, alrededor del 80% del precio del tabaco corresponde a impuestos.
Por poner solo un sencillo ejemplo, la recaudación derivada de los impuestos especiales fue de 7.260 millones de euros. A esta cifra debemos sumar los ingresos derivados del IVA: 1.697 millones de euros. En total: 8.957 millones de euros recaudados.
Probablemente la respuesta a la pregunta que encabeza esta nota ya la hayamos dado.
Sea como fuere, en la actualidad todos los expertos coinciden en señalar que el control de la epidemia de tabaquismo sólo es posible mediante una actuación integral sobre la demanda de tabaco, y no en realidad sobre la oferta (es decir, que se prohíba).
La posición más razonable la encontramos como en la mayoría de las ocasiones en un punto intermedio: ni permisividad total (como ocurre a día de hoy con las diferentes sustancias que podemos encontrar en el tabaco) ni prohibición total. Es decir, que exista una regulación mucho más estricta desde la óptica de la salud pública en todos sus ámbitos: desde la producción a la venta, pasando por la distribución, publicidad, promoción y consumo.
Imagen | incurable_hippie
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